Solicitando a través del organismo correspondiente, se de cumplimiento a la efectiva implementación de la Tarifa Social.

 

Corresponde al expediente: F 573 / 2016-2017

 

PROYECTO DE DECLARACION

           El Honorable Senado de la Provincia de  Buenos Aires declara

 

Que solicita al Poder Ejecutivo Provincial que, a través del organismo correspondiente, dé cumplimiento a la efectiva implementación de la Tarifa Social dispuesta en la Nación, con la que nuestra Provincia se encuentra comprometida en el contexto de la Resolución 51/2016 del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), las Resoluciones 6/2016, 7/2016, 28/2016 y 31/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, salvaguardando a los usuarios a subsidiar, usuarios sin identificar y a los usuarios sin atributos hasta el tiempo de su confirmación dentro del beneficio.

 

FUNDAMENTOS

 

Honorable Senado, dada la declaración de Emergencia Energética hasta diciembre de 2017 en la Nación y la consecuente  instrucción al Ministerio de Minería y Energía para que desarrolle las medidas necesarias a fin de resolver la situación, logrando un suministro técnico adecuado; ha sido creada la Tarifa Social, que comprende la implementación de actualizaciones tarifarias que permitirán normalizar la prestación del servicio de energía eléctrica y de gas natural, como así también tutelar a los sectores más vulnerables de todo el país, otorgándoles el beneficio de acceder a los servicios con precios acordes a su situación. Nuestra Provincia ha quedado comprometida bajo tal régimen, regulado mediante la Resolución 51/2016 del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), las Resoluciones 6/2016,  7/2016, 28/2016 y 31/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación; estableciendo criterios de exclusión y de elegibilidad para el acceso a tales beneficios.

 

Esta misión tuitiva del acceso al servicio en vista de las oportunidades económicas de los usuarios, se ha visto soslayada por disposiciones municipales y provinciales, que han sugerido erogaciones monetarias, por ejemplo, para realizar el cambio de la titularidad del servicio, extremadamente contrarias a un criterio de inclusión social por su magnitud económica. Los distribuidores provinciales y municipales, en muchos casos empresas privadas o cooperativas de servicios, sujetos a las resoluciones citadas con anterioridad, por tanto dentro de la órbita de control y fiscalización de los Organismos de Control provinciales, han requerido,

con fines poco específicos, certificados de control técnico ejecutados por electricistas matriculados a razón de corroborar previo al traspaso de titularidad, domicilios que funcionan como vivienda única, que ya contaban con el servicio bajo su distribución, lo que es a toda vista inconducente; también se han solicitado sellados municipales y erogaciones de esta índole que han marcado un conciso impedimento para los usuarios al acceso efectivo del servicio bajo las prerrogativas de adaptación a su vulnerabilidad, lo que consiguientemente deriva en la imposibilidad de titularizar el servicio y encontrarse beneficiados por la Tarifa Social.

Esta desnaturalización del fin social que persiguen medidas como las citadas, requiere que la Provincia de Buenos Aires regule eficientemente las potestades, alcances y límites que poseen los distribuidores al momento de hacer requerimientos específicos de contralor, como puede ser una certificación hecha por un técnico matriculado, de percepciones tributarias, tales como sellados municipales, o gastos administrativos, a saber gastos de conexión;  fundamentalmente si ellos comprometen los intereses económicos de este grupo de beneficiarios, que comprende a los usuarios a subsidiar, es decir aquellos que encuadren sin más trámite en la Tarifa Social calificados así por el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), sumados a aquellos usuarios sin atributos, siendo éstos los que, si bien son identificados como usuarios, el cruzamiento de las bases por las que se incluye o no dentro del beneficio no arroja dato alguno, por lo que quedarían fuera del mismo, pero podrán proponer al Órgano de Control su inclusión teniendo en cuenta su realidad socio-económica y finalmente los usuarios sin identificar, que son aquel grupo que prima facie quedó

excluido del beneficio pero tras la verificación y corrección del distribuidor podrá evaluarse su incorporación o no.

Por tales motivos, es que solicito el acompañamiento de los señores Legisladores en la presente Declaración.